El ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, indicó que el mayor inconveniente es que la propuesta "está basada en la normativa brasileña, bastante diferente" a la Argentina.
El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, confirmó este miércoles que el gobierno analiza “una propuesta” de abogados de la constructora brasileña Odebrecht para revelar información sobre el pago de sobornos en Argentina.
“Ayer (martes) estuvo uno de los abogados de la empresa con nosotros, nos acercó una propuesta que se está examinando”, dijo en declaraciones a radio Mitre en las que aclaró que “el inconveniente más grande es que la propuesta está basada en la normativa brasileña, bastante diferente” a la de Argentina “en especial en relación a las empresas”.
Garavano adelantó que “al mediodía” habrá una nueva reunión con los abogados de la constructora, cuyas revelaciones constituyen el eje de la causa conocida en Brasil con el nombre de Lava Jato, que puso al descubierto una trama de sobornos vinculados con las obras públicas, que se extiende a otros países, incluyendo a Argentina.
El funcionario reiteró que el presidente Mauricio Macri “dio la orden de conseguir la información lo antes posible”, de modo tal de poder aportarla a la Justicia para que avance con las investigaciones sobre presuntos pagos de sobornos en obras públicas realizadas en el país.
Insistió con que, como en el Ministerio Público Fiscal “que es el órgano natural que debería haber avanzado como fue en otros países, no se registraban avances”, el gobierno decidió citar a Odebrecht para que dé información a la Oficina Anticorrupción y ésta la presente a su vez ante la Justicia.
“La Fiscalía es la gran ausente en esto, más allá del esfuerzo que pueda hacer el fiscal (Federico) Delgado y algún otro fiscal individualmente”, subrayó el ministro de Justicia en velada crítica al papel de la Procuración General de la Nación, encabezada por Alejandra Gils Carbó, a quien el martes volvió a pedirle públicamente la renuncia.
“La Fiscalía nunca ha tomado políticas públicas para combatir la corrupción, a investigar la corrupción”, agregó Garavano.
Dijo que por ello se decidió dar “intervención en forma paralela a la Procuración del Tesoro y a la Oficina Anticorrupción (OA), que es el órgano del ministerio encargado de vigilar los hechos de corrupción en la administración pública, que ya tenía investigaciones preliminares en marcha en relación a Odebrecht”.
Garavano remarcó que la única finalidad de obtener la información es “entregarla a la Justicia” porque el gobierno está “tratando de colaborar frente a lo que en principio parecía una situación sin rumbo”.
“Nos alegra ahora que la justicia haya retomado gestiones y haya tratado de avanzar a partir de nuestra iniciativa”, sostuvo.
El fiscal Federico Delgado ofreció el martes a los apoderados de Odebrecht realizar un acuerdo judicial para ampararse en la figura de “arrepentido” a cambio de datos para avanzar en la investigación por supuesto pago de sobreprecios y otras irregularidades en la construcción de una planta potabilizadora en la zona del Paraná de las Palmas, adjudicada a esa empresa.
En tanto, al ser consultado sobre las obras que tendría la firma, Garavano indicó que “es parte de lo que también está relevando la Procuración del Tesoro”, porque son trabajos que “están dentro de distintos ministerios” y añadió que “podría ocurrir” la suspensión de alguna de ellas en caso de que no se intercambie la información solicitada.
“La verdad es que estamos frente a un hecho inédito y ojalá podamos tomarlo como un precedente en la ley de la responsabilidad penal empresarial”, apuntó.
Por otra parte, Garavano dijo que “el plazo del 1º de junio (para el otorgamiento de información) “es relativo” y “surge de que en Brasil terminaría lo que es la confidencialidad de alguno de estos acuerdos”.
Odebrecht reconoció ante la Justicia de Estados Unidos, haber pagado 35 millones de dólares en coimas en Argentina, entre 2007 y 2014.